Desafíos en Movilidad y Seguridad Vial
Por Rubén Ignacio Saucedo En la Provincia de Neuquén, Argentina, el experto Saucedo es el Director del Centro de Formación en Movilidad Vial; Director de Programas y Proyectos Especiales en la Subsecretaría de Seguridad y Participación Ciudadana; y Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación
Los accidentes de tránsito son una de las causas de muerte más importantes en el mundo y la principal causa de muerte entre personas de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Se estima que el número de muertes por accidentes de tránsito fue de 1,25 millones en 2013 a nivel global. Reconociendo las implicaciones en términos de vidas humanas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece como meta *reducir a la mitad el número mundial de muertes y traumatismos por accidente de tránsito de aquí al 2020”.
Asimismo, la Nueva Agenda Urbana buscar fortalecer el compromiso hacia la implementación de “medidas que mejoren e integren la seguridad vial en el diseño y planificación de la infraestructura de transporte y movilidad”. De igual forma, insta a la “implementación de normas que regulen la seguridad de los vehículos, acompañado de iniciativas de sensibilización, con especial atención a las necesidades de las mujeres, niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidades y personas en situaciones vulnerables.
Afortunadamente hoy existe una perspectiva más integral de la seguridad vial referida a la movilidad vial, abordándola desde lo multicausal. Hoy las acciones se abordan desde varias áreas y no en forma unívoca. La seguridad vial incorpora diversos factores como lo ambiental, lo tecnológico, lo económico, lo socio cultural, lo legal, infraestructura vial, las políticas de planeamiento y de salud y el control policial, entre otros.
En América Latina, y en particular en Argentina, los retos que se presentan para nuestras urbes en materia de movilidad y seguridad vial son variados y esta es una muestra sintética de los mismos:
A. La necesidad de mejorar y promover las ciudades con características inclusivas y amigables donde la población más vulnerable se vea empoderada a partir del rediseño del espacio público para las personas y no para el pleno dominio de los automóviles particulares.
B. Trabajar en la readecuación normativa y uniformidad legislativa en materia de seguridad vial teniendo en cuenta las características locales. Esta uniformidad legislativa no solo es necesaria a nivel de prefecturas o municipios, provincias o estados, sino a nivel nacional, federal y regional.
Los observatorios viales- locales, nacionales e iberoamericanos- las agencias nacionales, los organismos de seguridad y de salud pueden contribuir a dar información relevante a legisladores y al intercambio de experiencias que conlleven a una legislación más uniforme y en línea con los cinco pilares del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.
C. Facilitar una movilidad sustentable. El actual sistema de movilidad afecta directamente la salud de las personas y las ciudades ya que no solo contribuye directamente a la inseguridad vial, sino también porque acarrea indirectamente la quema de combustibles fósiles, el nivel de ruido y otras formas de polución.
D. Volver a la planificación de mediano y largo plazo, teniendo en cuenta el horizonte decrecimiento poblacional, estableciendo criterios claros de circulación para las personas, los productos y los servicios.
E. Mejorar la calidad del transporte público desde la multimodalidad conforme a criterios de equidad social, accesibilidad, eficiencia energética, calidad de servicio y relación equilibrada de costo-beneficio.
F. Incorporar nuevas tecnologías en el tránsito cotidiano con el fin de promover aprendizaje, asimilación y sensibilización, generando cambios de comportamiento y una cultura de seguridad vial.
Abordar estos retos requiere que dos actores sociales fundamentales sean parte de este proceso: el académico desde todos los niveles de enseñanza y el de los tomadores de decisiones para que la movilidad segura sea una política de estado que va más allá de decisiones a corto plazo.
Asimismo se requiere que la movilidad sea repensada con base en criterios de inclusión, salud, accesibilidad, sostenibilidad y equilibrio en las oportunidades de desplazamiento independientemente de las condiciones socioeconómicas de los sujetos o las distancias, lograr este objetivo permitiría a las personas en condiciones de vulnerabilidad acceder fácilmente a los lugares de trabajo y/o estudio.
Finalmente, un elemento a considerar en la gestión de seguridad vial es incentivar y promover una cultura vial de movilidad solidaria y corresponsable. La solidaridad supone reconocer al “otro” como sujeto y no como un obstáculo. El “otro” es un sujeto que está junto a uno en paridad de condiciones, con sueños, necesidades, familiares, derechos y por ello no es ajeno ni indiferente. Cuando se reconoce al otro en igualdad de condiciones, la conducta particular trasciende y pasa de la prevención a la solidaridad. Es necesario darnos cuenta que no estamos solos sino que co habitamos y convivimos con otras personas. Lo que hacemos o dejamos de hacer es la diferencia entre la realización del otro o su destrucción. De allí la corresponsabilidad: mi acción u omisión me hace responsable de los otros cuando nos encontramos transitando.
Fuente: HABITAT III Quito
